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Contra la piratería editorial

   por Antonio Tello

 

La piratería constituye una de las mayores preocupaciones actuales en el sector editorial. Su práctica da lugar a ingentes pérdidas y perjuicios tanto para editores como para autores y las medidas que se proponen no parecen ser suficientes para detenerlas

La piratería editorial, tal como es presentada actualmente por las compañías editoriales y las asociaciones de escritores, parece haberse potenciado como consecuencia de los modernos recursos tecnológicos y las posibilidades que éstos brindan para la reproducción y copia de los libros. Todos los foros nacionales e internacionales se posicionan en esta tesitura y a partir de ella discuten y elaboran estrategias para combatirla.

  

Sin embargo, cabe precisar que esta es una forma muy parcial y, desde el punto de vista de los escritores, limitada de tratar el fenómeno de la piratería. Esta forma de negocio fraudulento afecta fundamentalmente a las grandes compañías editoriales y a un limitadísimo número de escritores. Esto, obviamente,  no significa que esta piratería no merezca ser combatida con todos los medios legales, políticos y económicos y con todos los recursos técnicos posibles. Pero esta focalización exclusiva excluye y oculta otra práctica pirata que afecta gravemente a los escritores que constituyen el principal núcleo de la fuerza laboral productiva del sector editorial. De hecho, esta otra clase de piratería perjudica única y exclusivamente a los escritores, quienes sorprendentemente aparecen en el horizonte de la industria editorial  marginados de los derechos que gozan los demás trabajadores de cualquier otro sector productivo.

 

Para decirlo de otro modo, la editorial es la única industria que actualmente puede darse el lujo de tener ejecutivos y administrativos y, aparentemente, carecer de productores. La industria editorial produce libros, pero en apariencia no existen quienes los escriben. Extraña industria esta cuyos productores no desempeñan en un papel laboral principal en sus estructuras productivas. Esta situación, que puede ser corregida con oportunas y precisas enmiendas a los artículos 8 y 51 de la Ley de Propiedad Intelectual principalmente y la redacción de otros artículos que especifiquen claramente el tipo de relación laboral que el escritor y el editor establecen sin menoscabo de los derechos autorales, es fuente de enormes pérdidas para los escritores como autores de encargo.

  

La interpretación interesada que las editoriales hacen de la LPI, valiéndose de su posición de fuerza en el mercado laboral, es el soporte fundamental de la piratería de los derechos de autor. Entre otros recursos abusivos, la mayoría de las editoriales utiliza el concepto de "tanto alzado" –cantidad cerrada por la creación y redacción de un libro- no sólo como acuerdo de remuneración por la realización de una obra determinada, sino, forzando su alcance, como recurso de cesión total de los derechos autorales, sin límites de tirada y de tiempo, y como autorización tácita para nuevas ediciones y versiones o copias, los consabidos "fusilamientos", en otros formatos.

  

Basta ver en las librerías la ingente cantidad de libros en la que no aparece el nombre del autor en tapa ni en páginas interiores ni en los créditos o bien aparece un nombre ficticio, que no es un seudónimo de un autor real sino, tal como recogen los datos del ISBN, el subterfugio tras el cual el editor oculta a un improbable "equipo editorial" como redactor-autor, para tener una idea de la gravedad del problema.

 

Esta práctica extendida y naturalizada en la industria editorial española priva a los escritores –también a los traductores- de importantes y legítimos ingresos y distorsiona sus economías personales, llevándolos en muchos casos a situaciones muy críticas, como pueden testimoniar los servicios sociales de CEDRO, a las que tampoco son ajenas la inestabilidad laboral, la dispar relación de fuerzas entre editores y escritores, y el total desamparo social de éstos.

 

De modo que cuando se habla de lucha contra la piratería editorial no sólo cabe apuntar a los "top manta" y a sus patrocinadores, sino también a quienes transforman abusivamente los derechos remunerativos de los autores en parte de sus beneficios empresariales. Todos los implicados del sector, escritores y editores, deben tomar conciencia de la anomalía de esta situación y sus efectos en un vínculo laboral muy especial y abordarla con ánimo de corregirla y crear condiciones más justas para las partes. El reconocimiento de la figura del escritor como autor de encargo, tanto por editores como por escritores, y las oportunas enmiendas y precisiones en la LPI contribuirán sin duda a acercar posiciones y a modernizar y normalizar las relaciones de los principales actores de la industria editorial. Los escritores, en tanto que trabajadores de una industria que genera un importante porcentaje del PIB nacional, no pueden seguir marginados de sus beneficios ni extrañados de las leyes laborales y de protección social.